Grandeza como vocación de servicio

Blas Atheneo

“Grandeza como vocación de servicio”

Este trabajo es una síntesis de la ponencia pronunciada por David Ortega el día 21 de marzo de 2012 en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid acerca de cuál ha de ser el papel que han de desempeñar las Administraciones Públicas ante la crisis económica. Jurista, catedrático en excedencia, ensayista, colaborador en El Imparcial, David Ortega actualmente es concejal y portavoz de UPyD en el ayuntamiento de Madrid. El título elegido hace referencia a una de las frases pronunciadas por el ponente en su disertación y que hacía referencia a las cualidades que han de tener aquellas personas que se decanten por la política y la función pública, y que también a mi juicio, es fundamental y escasa en nuestros días: porque la suscribo plenamente es el motivo por el que inicia este trabajo.

La ponencia comenzó enmarcando la situación en la que se encuentra actualmente la vida pública española, una situación muy complicada y que exige a las personas que estén a la altura, tal y como dijo Ortega y Gasset en su libro la Rebelión de las Masas. Estamos en un momento de especial desorientación y hace falta fundamentalmente personas formadas y personas con tres valores que a juicio del ponente ha de tener el ser humano para poder hacer algo válido: el valor, la inteligencia y la generosidad. La primera de las ideas, es el valor, porque hoy en día en la política la gente tiene mucho miedo. El Sr. Ortega destacó que es muy importante poder ir a contracorriente porque la gente se deja mucho llevar por las dinámicas impuestas y las cuales cuesta mucho romper. Esta ruptura conlleva en ocasiones la soledad.

El segundo de los valores es la inteligencia, la cual exige tener formación y criterio. A raíz de esta característica el ponente hizo de manera tangencial crítica a aquellas personas que empiezan jóvenes en la política, puesto que no se puede dar lo que no se tiene, y en política se ha de entrar cuando se está formado. Si se quiere dar algo, uno ha de luchar, ha de madurar y se ha de formar. Una recomendación que hizo el ponente fue la lectura de grandes vidas para abrir el espíritu, la cabeza y el corazón. Sostuvo que el ser humano es antropológicamente neutro y se puede acercar, en función de lo que haga, al simio o a la divinidad.

La tercera característica, la generosidad, ha de servir para guiar al valor y a la inteligencia para que no se produzcan consecuencias peligrosas. La generosidad da sentido a la vida. La vida humana, parafraseando a Bertrand Russell, ha de estar orientado a algo superior a la vida humana biológicamente hablando. Vivir en sentido humano difiere del sobrevivir de los animales, es apostar tu vida por cuestiones importantes y trascendentales. Necesitamos en la vida pública española personas con grandeza, grandeza como vocación de servicio. Este aspecto se ha perdido en la vida pública española: hay muy pocos servidores en la vida pública.

Tras esta introducción, el ponente habló de lo que su juicio es el principal problema que tiene España actualmente: la Administración Pública española y su papel en la crisis. Nos distinguimos del resto de países europeos en que tenemos un problema en la organización territorial del Estado, y es algo que se empieza ya a señalar desde fuera. Es un problema estructural de España que de momento no se está afrontando desde el gobierno de Rajoy a pesar de que sí se están afrontando otros problemas que en la época de Zapatero no se tocaron. Para enfocar este problema, el ponente lo abordó desde una perspectiva histórica y para ello hizo referencia a dos hitos históricos de la historia contemporánea española, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de 1978, los dos textos constitucionales, a juicio del ponente, más importantes de España, encuadrados en una historia constitucional inestable, caracterizada por los golpes de estado y guerras civiles.

Comparando los problemas de uno y otro momento a los que hacía frente el Estado y viendo los que se han solucionado y los que no, destacan la excesiva presencia de los militares españoles en la vida política española y que han perjudicado el desarrollo y estabilidad política española. Situación zanjada con la Constitución de 1978. Otro de los aspectos fue la religiosidad, una religiosidad que dividía a los españoles y que también ha quedado solucionada con la Constitución del 78. El último de los problemas que afrontaba el constitucionalismo de una y otra época y que también se ha solucionado con el texto constitucional del año 78 ha sido las enormes diferencias sociales y económicas de una y otra época: como dato para ilustrar, destacar que el 97% de la población española de 1812 era analfabeta. El único problema que no se ha podido solucionar son los problemas derivados del regionalismo del siglo XIX, un conflicto que afecta a la estructura del Estado.

La organización territorial se regula en el Título VIII de la Constitución Española. Es un título abierto, debido a que no se logró consensuar y que se inspiraba en el modelo alemán, en el italiano y en el portugués. Contra lo que se cree, en la CE no se contemplan las 17 CC.AA actuales; únicamente se refleja la posibilidad de que algunas regiones, Cataluña y País Vasco, se conviertan en CCAA. Fue a raíz del 81, con el pistoletazo que supuso la frase de Suárez de “café para todos”, cuando se empezó a organizar todo el territorio español de acuerdo al modelo autonómico. Dos principios que han surgido a raíz de este modelo de organización territorial y que han causado especial daño a España son el principio de emulación y el principio de libre disposición. El principio de libre disposición surge del hecho de que en la CE no estaban cerradas ni las competencias ni qué territorios podían ser CCAA. Esto ha derivado en los años 90, debido al hecho de que el apoyo de los partidos nacionalistas son la llave para acceder a la presidencia del gobierno, en la consciencia de poder por parte de los nacionalistas en la estabilidad política de los distintos gobiernos de España y en su consecuente exigencia, por parte de los mismos, de mayores transferencias de competencias a los gobiernos autonómicos, especialmente en materia de educación, sanidad y dependencia.

El otro principio ha sido el principio de emulación según el cual ninguna Comunidad Autónoma, de acuerdo a un principio de igualdad, quería tener menos competencias que las demás. Las Comunidades con reivindicaciones nacionalistas históricas, como Cataluña y País Vasco, han ido tirando del carro en cuanto a reivindicación de asunción de competencias se refería, y el resto de CCAA han ido pidiendo lo mismo de acuerdo a ese principio de igualdad que subyace y justifica el principio de emulación. Todo ello ha tenido como resultado que se ha perdido la perspectiva de sentido de Estado, de la igualdad, de interés general y de corresponsabilidad. Todo ello ha derivado en una situación que hoy por hoy es incontrolable. Nadie vela por el interés general a pesar que la CE proclama que en lo referente a derechos y deberes todos los españoles somos iguales.

De esa forma, en los presupuestos generales, han ido tomando cada vez más importancia las partidas destinadas a las CCAA a lo largo de los últimos 25 años y también en  menor medida de lo destinado a las corporaciones locales, en detrimento de las administraciones centrales. Hay gran dificultad para controlar a los 17 miniestados en los que se han convertido las 17 CCAA españolas, que únicamente miran a sus propios intereses olvidando la perspectiva general en el que actualmente nos encontramos: como ejemplo el ponente hizo referencia a cómo en plena crisis, en el año 2011, las CCAA se endeudaron más que nunca. Además de la existencia de estos miniestados, otros problemas que se derivan son: la duplicidad de funciones e instituciones (una totalidad de 2.659.000 funcionarios), y su consecuente falta de coordinación (con sus derivadas en materia de agua y sanidad), puesto que actualmente no hay instrumentos de coordinación, hay más coordinación entre los 27 estados de la UE que entre las comunidades autónomas y disfuncionalidades producto de esta descoordinación. Se calcula de acuerdo a un estudio realizado por la Fundación UPyD que si se gestionasen correctamente las CCAA se podrían ahorrar unos 26.000 millones de euros.

Algunos de los problemas en los que ha derivado la existencia de este modelo autonómico y la deriva que está tomando ha sido la ruptura del mercado interior: hay cerca de 100.000 normas económicas, y las desigualdades que hay en función de la Comunidad Autónoma de la que procede, por ejemplo, en relación a las prestaciones de renta mínima, que puede ir de los 300 € de Murcia a los 640 € del P. Vasco, así como del número de personas a las que llega esas ayudas. Otra consecuencia es el concierto económico, un privilegio concedido a P. Vasco y Navarra y que el ponente, en representación de su partido, aboga por eliminar ante la vulneración del principio de igualdad que tiene que haber en democracia.

Otros de los aspectos que destacó David Ortega fue el gran número de ayuntamientos de España: hay unos 8.000 ayuntamientos de los cuales unos 5.000 son ayuntamientos de menos de 300 habitantes, y las consecuencias que ello tiene en la eficacia en la gestión de escuelas y hospitales. UPyD aboga por establecer ayuntamientos entorno poblaciones de unos 20.000 habitantes.

Finalmente el concejal “magenta” concluyó su exposición diciendo que España tiene un problema muy serio, de concepto de Estado, de su organización territorial, la cual no es sostenible, y que únicamente puede ser modificado por los partidos políticos, a través de sus estructuras políticas, y más concretamente, imponiendo disciplina a sus barones autonómicos. Plantea como solución la igualdad y el sentido de Estado para recuperar el interés general de todos los españoles. Destacó que el Partido Popular cuenta en estos momentos con una oportunidad histórica para conseguirlo y hacer el Estado viable.

Del turno de preguntas destacó la referencia que hizo a que sin CCAA, con una mayor unidad de decisión, hay mayores posibilidades de conseguir una mayor igualdad y coordinación, y que para llevar a cabo ese proceso de centralización parecido al modelo francés napoleónico sólo hace falta voluntad política, y este proceso se podría materializar a través de un referéndum vinculante al pueblo español. Otras ideas que destacaron del turno de preguntas fue la definición del objetivo de las Administraciones Públicas, que ha de ser el de gestionar y dar buenos servicios a los ciudadanos, la idea del bipartidismo imperante en España, la utilización partidista de la justicia, y la partitocracia que pretende interferir en todos los campos y poderes, como en la justicia y en las finanzas.

Blas Atheneo

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